Tras la sanción de la ley, el Ejecutivo había argumentado que la norma no autorizaba gastos ni preveía fuentes de financiamiento, motivo por el cual suspendió su aplicación. Frente a ello, el CIN inició en octubre un proceso colectivo solicitando la inconstitucionalidad del decreto y el cumplimiento inmediato de la ley, alegando que el incumplimiento afectaba el poder adquisitivo, comprometía el funcionamiento universitario y lesionaba derechos constitucionales vinculados a la educación y la autonomía institucional.