La inclusión del financiamiento universitario se da en medio de la crisis presupuestaria que escaló entre 2024 y 2025, con movilizaciones masivas y un veto presidencial. El Gobierno apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley vigente y ahora busca encauzar el conflicto con una nueva norma.
Funcionarios del área educativa mantuvieron reuniones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar en una propuesta que contemple actualización presupuestaria con previsibilidad jurídica, pero ajustada al objetivo central del oficialismo: el superávit fiscal. En paralelo, la Procuración del Tesoro presentó un recurso para que la apelación tenga efecto suspensivo, lo que permitiría avanzar en el debate legislativo mientras se resuelve la cuestión judicial.
El presidente Javier Milei aspira a cerrar febrero con la sanción de la reforma laboral y otros proyectos prioritarios, antes de la apertura de las sesiones ordinarias. Hasta ahora, el oficialismo consiguió media sanción de la reforma laboral y avances en la Ley Penal Juvenil y el acuerdo con el Mercosur.
Con la prórroga de las extraordinarias, el Gobierno apuesta a ordenar la agenda parlamentaria y redefinir el marco legal del sistema universitario en la última semana de febrero, en un contexto de tensión política y judicial.