Jaldo respaldó el accionar policial, pero apuntó contra el sistema judicial: “El accionar de la Policía está a pleno. La Justicia tiene que endurecer las medidas. El que comete un delito debe ser detenido y enviado a Benjamín Paz (instituto para menores Padre Brochero). Darle allí todo el acompañamiento, pero no puede poner en riesgo a un colegio”.
El gobernador recordó además la aplicación del Decreto N° 772/7, que refuerza las acciones preventivas en el ámbito escolar y habilita sanciones más duras ante inconductas graves. La norma prevé la expulsión y aprehensión de alumnos involucrados en hechos violentos, su traslado al instituto Padre Brochero, la responsabilidad de padres y tutores por las conductas de los menores y la posibilidad de quitar subsidios a establecimientos que no garanticen el cuidado de los estudiantes.
“El Poder Ejecutivo ha redactado un decreto para profundizar todas las medidas. Ya tenemos casos de alumnos que llevaron armas a la escuela y fueron enviados a sus casas como si nada pasara. Si alguien lleva un revólver o una cortapluma al colegio, es un riesgo cierto para todos. Hay que ir a fondo”, concluyó Jaldo.