La administración recortó cerca de 90.000 millones de pesos en gastos políticos e innecesarios, eliminó el 75% de las secretarías, el 33% de las gerencias y subgerencias, y todas las coordinaciones locales. También centralizó las compras de insumos desde PAMI Central y modificó el esquema de provisión de Higiénicos Absorbentes Descartables, que antes favorecía la cartelización de precios. El nuevo sistema de licitación pública permitirá un ahorro anual estimado de 5.000 millones de pesos.
Con más de cinco millones de afiliados, la obra social de jubilados y pensionados es la más grande de América Latina. Ante este escenario, se implementó un control más estricto: monitoreo permanente de umbrales prestacionales, uso obligatorio del calendario digital, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores, cruces de datos para detectar patrones irregulares y penalizaciones automáticas ante desvíos injustificados. Además, se incorporaron medidas de trazabilidad digital y validación obligatoria de identidad.
Las nuevas acciones contemplan sanciones administrativas y penales según el nivel de desvío. Desde el organismo remarcan que la atención a los afiliados está garantizada y que el objetivo no es recortar prestaciones, sino desarticular mecanismos de fraude. “Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, señalaron fuentes del Instituto en diálogo con Infobae.
Con causas judiciales abiertas en distintas jurisdicciones, sumarios administrativos en marcha y nuevas auditorías sobre el sistema oftalmológico, el PAMI avanza sobre uno de los circuitos de fraude más extendidos detectados en su historia reciente.