La crisis en Bolivia se intensificó con protestas masivas encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos campesinos y mineros, que mantienen cercada a La Paz y provocaron falta de alimentos, combustible y oxígeno en hospitales. El gobierno informó que ya se registraron tres muertes por falta de asistencia médica y que las pérdidas económicas superarían los US$50 millones diarios.
En medio del conflicto, sectores oficialistas apuntaron contra el expresidente Evo Morales, acusado de alentar las protestas. Morales rechazó las acusaciones y sostuvo: “Mientras no se atiendan las demandas estructurales como combustible, comida e inflación, no se frenará la sublevación”.
La situación generó preocupación regional. Argentina, junto a Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, emitió una declaración conjunta en la que rechazaron cualquier acción destinada a desestabilizar el orden democrático en Bolivia.