La reciente muerte de Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, volvió a encender las alarmas sobre la violencia de género en el país. En ese contexto, Gabriela Sosa, directora de la Mesa Federal de MuMaLa (Mujeres de la Matria Latinoamericana), expresó su preocupación en diálogo con LV12 y presentó datos del informe elaborado por la organización: entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2026 se registraron 90 femicidios.
“Pasaron 11 años y hoy nos encontramos con políticas públicas desmanteladas, con instituciones que deben aplicar las normativas vigentes desarticuladas, con indicadores que nos preocupan, además que las muertes de mujeres no han descendido”, señaló Sosa.
Denuncias en mínimos históricos
Uno de los aspectos más alarmantes, según el informe, es la baja cantidad de denuncias previas realizadas por las víctimas. “Solamente un 9% en lo que va del año había denunciado previamente a su agresor. Qué está pasando que las mujeres no confían en el Estado para denunciar su problema”, advirtió la referente.
Además, destacó el aumento del uso de armas de fuego en los femicidios, por encima de las armas blancas, lo que refleja un cambio en la modalidad de los crímenes.
Críticas a discursos judiciales y mediáticos
Sosa cuestionó expresiones surgidas en ámbitos judiciales y mediáticos que relativizan la violencia contra niñas y mujeres. “Dudar de la víctima es un retroceso tremendo, y esos intentos de instalarlo en la política pública y en los medios no son más que un lobby de personas que niegan derechos”, afirmó.
Cifras estables y movilización
La dirigente de MuMaLa subrayó que las cifras de femicidios se mantienen sin cambios significativos desde hace una década: “En la Argentina no descienden de los 250 casos por año”.
Finalmente, convocó a la movilización nacional del 3 de junio, en el marco del aniversario de Ni Una Menos: “Vamos a volver a marchar en todo el país para plantear ni una menos en violencia machista”.
Este llamado refuerza la urgencia de políticas públicas efectivas y de un Estado que garantice confianza y protección a las mujeres en situación de violencia.