La crisis política en la República del Paraguay ingresó en su tramo decisivo este viernes, luego de que el Senado rechazara los planteos de nulidad y las objeciones procesales esgrimidas por la defensa legal del presidente Santiago Peña, integrada por los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda. El tribunal parlamentario aprobó por unanimidad la incorporación de las pruebas presentadas por la comisión de fiscales acusadores de la Cámara de Diputados, desestimando los reclamos sobre plazos exiguos y habilitando la recta final del proceso de destitución.
Durante su exposición ante el Congreso, Ferreiro cuestionó las limitaciones temporales impuestas al equipo jurídico e invocó como precedente el juicio político al exministro de la Corte Suprema Felipe Paredes para exigir que se acepte la renuncia presentada formalmente por el mandatario. Sin embargo, el cuerpo legislativo mantuvo el rechazo a la dimisión y continuó con el cronograma previsto.
El trasfondo de la destitución está marcado por una convulsión económica y social desatada tras el cierre de la entidad financiera Ueno Bank y las masivas movilizaciones ciudadanas. La inestabilidad institucional profundizó las fisuras en el oficialismo y provocó un virtual desbande en el Ejecutivo, materializado en las renuncias del jefe del Gabinete Civil, Javier Giménez; el ministro del Interior, Enrique Riera; y el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno. Tras un cuarto intermedio de 45 minutos dispuesto por la presidencia del Senado, las partes se preparan para los alegatos finales previos a la votación de la sentencia.