El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, fue aceptado como querellante en la causa judicial que investiga la muerte de 53 personas y al menos 90 afectados por la administración de fentanilo contaminado en hospitales de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La decisión fue tomada por el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, donde tramita el expediente principal.
La presentación fue realizada por el equipo jurídico del ministerio que encabeza Mario Lugones, con el argumento de que el Estado tiene un “interés legítimo en contribuir al esclarecimiento del caso y garantizar la protección de la salud pública”. La cartera sanitaria ya venía colaborando con la Justicia mediante informes técnicos y documentación, pero ahora podrá ofrecer pruebas, acceder al expediente y participar activamente en la producción de evidencia.
El foco de la investigación está puesto en dos lotes de fentanilo distribuidos en ampollas presuntamente contaminadas con bacterias multirresistentes, que habrían provocado cuadros infecciosos graves en pacientes internados por otras patologías. La sustancia fue retirada del mercado por la ANMAT, que también participa en la causa como organismo técnico.
Los principales señalados son los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo S.A., así como las droguerías vinculadas a su distribución. La Justicia investiga posibles fallas en la manufactura, negligencia o incumplimientos regulatorios, y no se descarta que haya más víctimas aún no identificadas.
Además del Gobierno nacional, tres centros de salud de Rosario solicitaron ser incorporados como querellantes, lo que refuerza el carácter interjurisdiccional y de alto impacto sanitario del caso.
Con esta intervención, el Ejecutivo busca fortalecer la respuesta institucional ante emergencias sanitarias y marcar presencia en una causa que conmociona al sistema de salud argentino. La investigación continúa y se esperan nuevas medidas judiciales en los próximos días.