El Departamento de Justicia estadounidense se presentó como amicus curiae en favor de Argentina, reforzando el reclamo de inmunidad soberana. Por su parte, los demandantes insisten en que el país debe ofrecer garantías para continuar el proceso, aunque aclaran que no buscan quedarse con YPF, sino asegurar el cobro de la indemnización, que supera los USD 17.500 millones.
La causa, que se originó por la falta de oferta pública en la estatización de YPF en 2012, podría extenderse hasta 2026. Pero el fallo que se espera ahora definirá si el país mantiene el control accionario mientras se resuelve la cuestión de fondo. En juego están la soberanía energética, la credibilidad financiera y el impacto político de una sentencia que podría marcar un antes y un después.