Adorni explicó que la agencia, creada en 2017 como organismo descentralizado, acumuló “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. Entre las irregularidades mencionó:
Con el traspaso al Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se gestionarán bajo criterios sanitarios y con mayor control. Se implementarán auditorías permanentes, trazabilidad en expedientes y eliminación de discrecionalidades. Además, se reducirá la estructura jerárquica con la supresión de 16 cargos políticos, lo que representa un recorte del 45,7% en la conducción administrativa.
Según Adorni, la decisión apunta a garantizar transparencia y eficiencia en la gestión: “Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”.
De esta manera, el Gobierno busca reorganizar el sistema de atención en discapacidad, asegurando la continuidad de las prestaciones y fortaleciendo los mecanismos de control en beneficio de los usuarios.