Además de la baja en la ocupación, los clientes reducen la cantidad de invitados y la contratación de servicios adicionales, lo que impacta en la rentabilidad del sector.
La entidad mantuvo reuniones en 2025 con la Secretaría de Seguridad y personal de Leyes Especiales, responsables de fiscalizar los eventos, pero los resultados fueron escasos. “Nos dijeron que se iban a ocupar y no pasa nada. Nosotros no tenemos autoridad ni los medios. No podemos hacer más que denunciar”, señaló Cortínez.
Los empresarios advierten que la tendencia podría derivar en situaciones graves de seguridad si no se adoptan medidas efectivas. Por ahora, la oferta de fiestas en lugares sin autorización sigue en expansión, generando preocupación entre los salones formales y un escenario de incertidumbre para el mercado local.