La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad provincial, en coordinación con la Justicia, tras constatar que el monto no se encontraba en el lugar asignado para su resguardo. La investigación se encuentra en curso y busca establecer cómo se produjo la desaparición del dinero y quiénes serían los responsables directos.
Desde el gobierno salteño se remarcó que se trata de una decisión preventiva, orientada a garantizar la transparencia del proceso y evitar interferencias en la pesquisa. Mientras tanto, se designó personal nuevo para cubrir las funciones operativas de la brigada, sin afectar el servicio en la zona.
El caso generó fuerte repercusión pública y reavivó el debate sobre los controles internos en las fuerzas de seguridad. Autoridades judiciales trabajan en el análisis de documentación, testimonios y registros para esclarecer el hecho, que podría derivar en sanciones administrativas y penales.
La situación en Orán se suma a otros episodios recientes que ponen en foco la necesidad de reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro de las instituciones encargadas de velar por la legalidad.