El informe señala que entre diciembre de 2023 y julio de 2025 se registraron siete meses consecutivos de caída en el empleo formal privado, lo que representa una contracción del 3,4% en ese segmento. Esta dinámica se da en un contexto de recesión, con fuerte retracción del consumo, cierre de empresas y paralización de obras públicas.
Especialistas en economía laboral advierten que la pérdida de empleos responde a una combinación de factores: la eliminación de subsidios, el freno a la inversión estatal, la apertura de importaciones y la caída del poder adquisitivo. Además, se observa un aumento de la informalidad y del trabajo independiente sin cobertura social.
El Ministerio de Capital Humano, que absorbió las áreas de Trabajo y Desarrollo Social, aún no ha presentado un plan integral para revertir la situación. Mientras tanto, gremios y organizaciones sociales alertan sobre el deterioro de las condiciones laborales y el aumento de la vulnerabilidad en amplios sectores de la población.
La caída del empleo registrado no solo afecta a los trabajadores, sino que también repercute en la recaudación previsional y en la sostenibilidad del sistema de seguridad social. En este escenario, se vuelve urgente el debate sobre políticas activas que promuevan la producción, el empleo y la protección de derechos laborales.