Desde Casa Rosada se argumentó que las normas no contemplan su financiamiento, por lo que se requiere una definición legislativa previa. Esta postura ya había sido adoptada en casos similares, como la ley de emergencia en discapacidad.
La suspensión de la aplicación fue interpretada por algunos sectores como una maniobra dilatoria, mientras que otros consideran que es una forma de presionar al Congreso para que asuma la responsabilidad presupuestaria. En paralelo, médicos, docentes y estudiantes realizaron movilizaciones para exigir la puesta en marcha de ambas leyes.
La promulgación sin implementación efectiva plantea interrogantes sobre el alcance real de las decisiones legislativas y el rol del Ejecutivo en su cumplimiento. Mientras tanto, los sectores afectados continúan reclamando respuestas concretas y urgentes.