El concepto de salario dinámico apunta a vincular la remuneración de los trabajadores con su productividad individual, en lugar de mantener ajustes automáticos por inflación o convenios sectoriales. Según el Ejecutivo, esta modalidad permitiría premiar el desempeño y generar condiciones más competitivas para el empleo formal.
Además, se propone habilitar convenios laborales específicos por empresa, lo que implicaría una flexibilización de los acuerdos tradicionales por rama de actividad. Esta medida busca adaptar las condiciones laborales a la realidad de cada firma, región y sector, en línea con lo pactado en el denominado “Pacto de Mayo”.
Durante el debate legislativo, Cordero defendió la iniciativa como una herramienta para proteger al sector privado y fomentar la generación de empleo. Sin embargo, desde la oposición y sectores gremiales se advirtió que la reforma podría debilitar derechos adquiridos, fragmentar la negociación colectiva y trasladar riesgos económicos a los trabajadores.
El funcionario negó que se hayan retrasado las paritarias y sostuvo que el nuevo esquema busca modernizar el sistema laboral argentino. También se planteó la eliminación de sanciones a empresas por incumplimientos formales, como parte de un paquete de desregulación.
La reforma se enmarca en un contexto de alta informalidad laboral —que supera el 40%— y caída del poder adquisitivo. Mientras el Gobierno apuesta por una transformación estructural, sindicatos y especialistas reclaman que cualquier cambio preserve garantías básicas y promueva la inclusión.
El proyecto aún debe atravesar el debate parlamentario, donde se anticipa una fuerte disputa ideológica y técnica sobre el modelo de trabajo que se quiere para el país. La discusión promete ser uno de los ejes centrales de la agenda política en los próximos meses.