Para avanzar con las licitaciones, primero deberá redefinirse el proyecto. “La definición sobre en qué invertir se hará recién cuando se supere el juicio en Catamarca. Ahí el Consejo Superior deberá armar un listado de obras o un nuevo concepto de Ciudad Universitaria”, aclaró Pagani.
La implementación plena del esquema aguarda la homologación del Juzgado Federal de Catamarca, que debe ratificar el acta acuerdo firmada el 15 de diciembre entre la UNT, el gobernador Raúl Jalil y el directorio de YMAD. El convenio ya fue aprobado por la Legislatura catamarqueña y el Consejo Superior de la UNT, e implica el desistimiento de la acción judicial iniciada en 2017 por reclamo de fondos.
Pagani destacó que el acuerdo cierra un conflicto de casi 70 años sobre la ubicación de la Ciudad Universitaria. Recordó que en 1964 el Consejo Superior decidió que la universidad debía desarrollarse en zona urbana de San Miguel de Tucumán y no en el cerro, postura ratificada por informes de la Facultad de Arquitectura y del Observatorio Ambiental de la UNT, que desaconsejaron avanzar sobre el Parque Sierra de San Javier para preservar su valor ambiental.
Los convenios de diciembre también sellaron la salida definitiva del Estado Nacional de la empresa, reemplazando la histórica “Acta del Farallón Negro” de 1958. La nueva composición accionaria quedó definida en 60% para la provincia de Catamarca y 40% para la UNT, con un directorio de cuatro miembros (dos por cada parte). La presidencia corresponde a Catamarca, que designó a Fernando Jalil para un segundo mandato (2024-2028).