El Senasa activó su plan de contingencia, dispuso la interdicción del predio y notificó oficialmente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). La reanudación de las exportaciones dependerá de que no se detecten nuevos brotes y de que transcurran al menos 28 días desde la finalización de las tareas de sacrificio sanitario y desinfección.
La restricción vuelve a golpear a un sector que ya sufrió pérdidas millonarias en 2023, cuando el cierre de mercados como China y la Unión Europea generó pérdidas estimadas en USD 160 millones. Empresas como Granja Tres Arroyos, el mayor procesador de pollos del país, redujeron su participación en exportaciones del 33% al 25% tras aquella crisis. El sindicato de la carne advirtió que, si las ventas externas no se normalizan, podrían producirse más de 450 despidos en marzo.
El Senasa aclaró que la producción destinada al consumo interno continuará con normalidad, ya que la influenza aviar no se transmite por la ingesta de carne de aves ni de huevos. Las medidas buscan exclusivamente contener la diseminación del virus y restablecer las condiciones sanitarias exigidas por los mercados externos.
Desde el sector avícola se impulsa avanzar hacia un esquema de regionalización sanitaria, que permita restringir las exportaciones solo en las zonas afectadas y no en todo el país, con el objetivo de mitigar el impacto económico de brotes localizados.
Argentina ya había enfrentado una crisis similar en febrero de 2023, cuando se confirmaron los primeros casos de influenza aviar en aves silvestres y comerciales. En ese momento se declaró la emergencia sanitaria nacional, se suspendieron exportaciones y se aplicaron medidas de control que permitieron recuperar el estatus de libre de IAAP tras 28 días sin nuevos brotes.
La nueva detección reabre la tensión en el sector y pone a prueba la capacidad de respuesta sanitaria para evitar que el episodio se convierta en una crisis prolongada.