“Los empresarios aplicaron suspensiones arbitrarias que recortan hasta un 40% del salario. No vamos a permitirlo”, aseguró
. El dirigente lamentó la ausencia de autoridades municipales en las audiencias convocadas por la Secretaría de Trabajo. “Teníamos la esperanza de destrabar el conflicto con la presencia del municipio, pero no se presentó”, afirmó.
Desde
AETAT, en tanto, defendieron su decisión argumentando que la caída del 30% en la venta de boletos y el aumento de los costos operativos volvieron insostenible la situación. “No pedimos aumentar el boleto, pero sí cambiar el esquema de financiamiento. El sistema no aguanta más”, expresó
Luis García, vicepresidente de la entidad.
La Intendencia capitalina evitó involucrarse directamente en la disputa. El fiscal municipal,
Conrado Mosqueira, explicó que el conflicto “debe tratarse en el ámbito del Concejo Deliberante”, ya que el municipio no es empleador directo de los choferes.
Mientras las partes se cruzan acusaciones, los usuarios vuelven a ser las principales víctimas. Sin una solución inmediata, el paro podría extenderse y dejar paralizada la movilidad urbana por tiempo indefinido.
El conflicto expone una crisis estructural del transporte tucumano: caída de pasajeros, falta de actualización tarifaria y tensiones entre gremio, empresarios y municipio. Cada sector se deslinda de responsabilidades, mientras el servicio público —vital para miles de trabajadores, estudiantes y familias— sigue al borde del colapso.
“Los trabajadores no pueden quedarse sin salario. Vamos a sostener la medida hasta que se reviertan las suspensiones”, advirtió el gremio de UTA.