El fallo de Preska, emitido por el tribunal del distrito sur de Nueva York, ordena al Estado argentino transferir el paquete accionario que controla en YPF como parte del resarcimiento por la expropiación de 2012. La medida fue rechazada por el Gobierno, que ya presentó un pedido de suspensión de la ejecución y anticipó que apelará en todas las instancias disponibles.
Desde la Casa Rosada insisten en que la sentencia es “injusta y desproporcionada”, y aseguran que el país no deberá entregar las acciones ni pagar los US$16.100 millones reclamados hasta que la Cámara de Apelaciones se expida. Mientras tanto, nuevos fondos acreedores buscan sumarse al reclamo mediante la figura legal del “me too”, lo que podría ampliar el frente judicial.